ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE A ESCALA REGIONAL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE A ESCALA REGIONAL

Tomado del texto elaborado por:

Hugo Romero, Fernando Ordenes y Alexis Vásquez

Departamento de Geografía

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Universidad de Chile

Uno de los temas de actualidad en la discusión ambiental sobre la sustentabilidad del desarrollo del país ha girado en torno a la introducción e implementación de instrumentos de ordenamiento territorial.  El ordenamiento territorial posee diferentes acepciones en cuanto a su definición, significado y objetivos.  Respecto a la definición, existen diversas interpretaciones que pueden resumirse en considerarlo una disciplina académica emergente que forma parte de las (post) modernas ciencias ambientales, o como un conjunto de técnicas para optimizar la distribución espacial de los objetos y actores del desarrollo de acuerdo a distintos objetivos sociales y económicos y, finalmente, como instrumentos de acción política (geopolítica más claramente), considerando la organización de los espacios geoeconómicos, geosociales y geoculturales, así como la existencia de diversos tipos de organización político-administrativa de los espacios continentales, nacionales, regionales y locales.

Desde el punto de vista ambiental, uno de los más importantes significados consiste en reconocer la existencia de diversos modelos de organización de los sistemas naturales, regulados por principios y mecanismos biofísicos y que encuentran su expresión en los principales sistemas y paisajes naturales, tales como montañas, cuencas o bordes costeros.  Cada una de estas porciones de territorio desencadenan continuos procesos para mantener su equilibrio metaestable, en especial a través de los flujos de energía, materia e información.  Los sistemas territoriales están ordenados naturalmente y es tarea de la sociedad cuidar que sus perturbaciones no alteren irreversiblemente los mecanismos de tolerancia a los cambios que impidan su regeneración permanente y el mantenimiento de la calidad y cantidad de los recursos naturales y servicios ambientales que ofertan.

Por otro lado, la noción misma de territorio implica una apropiación del espacio por parte de la sociedad ya sea en forma directa, a través de las perturbaciones introducidas sobre el funcionamiento de los sistemas naturales, o bien en forma indirecta, mediante la construcción de imágenes y representaciones que dan cuenta de los objetivos socio-culturales de cada comunidad humana. En el primer caso, la distribución espacial de los objetos y procesos económicos, demográfico-sociales y culturales, persigue diferentes objetivos según sea el grupo de actores interesados y con capacidad de control político. Lo cierto es que el valor del suelo, la consideración de las aglomeraciones urbanas como mecanismos adecuados de optimización del espacio económico  o la segregación socio-espacial de los habitantes de las ciudad y el campo, son todas estrategias destinadas a representar no sólo los objetivos políticos locales, sino que también los intereses hegemónicos de las fuerzas globales,  capitales regionales, circuitos comerciales u otros tipos de actividades destinadas a obtener beneficios de la localización de los objetos y factores.

Una tercera interpretación dice relación con el creciente interés desplegado por la relación entre desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, en torno a la cual, lamentablemente, no se aprecia la existencia de principios, instrumentos y acuerdos entre los diversos actores involucrados. En efecto, quienes están interesados en el crecimiento económico propugnan órdenes territoriales destinados a favorecer el acceso a las fuentes de recursos naturales y a los mercados espaciales de bienes y servicios, mediante, por ejemplo, la construcción de complejas redes de transportes y comunicaciones destinadas a aumentar la utilidad de los lugares y la conectividad entre los núcleos de oferta y demanda de recursos.  Por el contrario, los interesados en la equidad social diseñan territorios favorables a la integración social, privilegiando la proximidad y conectividad, evitando que la distancia física (y social) sea empleada como eficaz mecanismos para segmentar el espacio en áreas de mercado equivalentes a los estratos socio económicos.

Por último, los interesados en la conservación del medio ambiente, postulan que las áreas que posee caracteres prístinos de la naturaleza o bien partes y funciones fundamentales para el sistema de soporte de la vida, deben ser mantenidos en su estado natural o bien gestionados con medidas especiales de protección.

Demás está indicar que las prioridades que se otorgan a cada uno de los componentes de la sustentabilidad, varían considerablemente en grado y relevancia según sean los actores sociales involucrados en la adopción de decisiones sobre el dónde, cómo y para qué usar el territorio.  Ello desemboca en tensiones y conflictos que afectan severamente la consecución de dichos objetivos.  Ante ello, es necesario fortalecer los aspectos institucionales y valóricos del ordenamiento territorial. Institucionalmente, es especialmente importante que los diferentes actores sociales expliciten ante la sociedad sus intereses territoriales y las medidas que adoptarán para compensar y negociar  las superposiciones en el espacio con otros actores. De igual manera es necesario conocer los objetivos y alternativas propuestas explícitamente por la política pública, puesto que es ella quien debe representar democráticamente los usos y prioridades sobre le territorio del país, regiones, paisajes y ciudades. 

El territorio posee muchos atributos que forman parte del bien común, tales como el mantenimiento de la calidad de las aguas, del aire, de los suelos y de la diversidad de las especies biológicas y sus hábitats, para los futuros habitantes, sin discriminar su condición social y económica.  De igual manera, el territorio está formado por numerosos "comunes" o componentes indivisibles para los servicios que prestan a toda la sociedad, que son valorados en su integridad y cuya violación o destrucción genera sanciones morales colectivas.  Los “comunes” no son sólo un conjunto de recursos y bienes productivos, sino también, una compleja red de servicios ambientales, cuyo valor total es difícil de establecer, pero cuyo conjunto constituye el sistema de soporte de la vida que debe ser respetado por todos. 

La política pública debe esmerarse por definir criterios y objetivos que garanticen la permanencia de los “comunes”, reconociendo explícitamente servicios tales como los que ofertan las áreas verdes al conjunto de la sociedad sólo en virtud de su existencia: reciclamiento del aire y aguas, control de las islas térmicas y de la infiltración de  las aguas que recargan los acuíferos, hábitats para las comunidades biológicas y sociales, representación de las cosmovisiones colectivas.

Una de las funciones de la política pública consiste justamente en la proposición de un ordenamiento territorial ambientalmente sustentable para el país en su conjunto, para cada una de sus regiones y ecosistemas más frágiles y para los asentamientos humanos que albergan a su población.  La política pública no puede prescindir del reconocimiento y fortalecimiento de los valores sociales que aseguran el respeto por la eficiencia económica, la equidad social y la integridad de la naturaleza.  De esta forma, las proposiciones de desarrollo territorial, en especial las formuladas estratégicamente (políticas, planes y programas),  no pueden sustraerse de los propósitos de protección de la naturaleza y la sociedad y por ello, de la necesaria regulación que controle o impida la acción adversa para la sociedad de sectores interesados sólo en satisfacer sus particulares objetivos, económicos, culturales o políticos.   La política pública debe procurar que sus propuestas de ordenamiento territorial representen al bien común y los objetivos consensuados de desarrollo económico y social ambientalmente sustentables. 

Una especial atención se requiere para considerar la representación que hacen de su geografía los habitantes más antiguos del territorio, puesto que ellos observan, caracterizan y evalúan sus recursos territoriales de una forma muy distinta a los tomadores de decisiones contemporáneos. No es posible desconocer, que ha sido la visión de las comunidades autóctonas, la que les ha permitido sobrevivir por cientos de años en medio ambientes inciertos y complejos, que resultan ser comparativamente desconocidos e inmanejables para los habitantes más modernos.